Orán: Un nuevo escándalo en el Concejo Deliberante llegó a la justicia
El Concejo Deliberante de Orán vuelve a quedar en el centro de la polémica. La interna entre los concejales escaló esta semana a los justicia, luego de que la presidenta del cuerpo, Adriana Bañagasta, radicara una denuncia penal contra la concejal Sabrina Gomila, la secretaria administrativa Mónica Selvioglu y contra quienes pudieran haber participado de los hechos ocurridos durante y después de la sesión del martes 11 de agosto.
Según la presentación judicial, todo comenzó durante el tratamiento de la situación del secretario administrativo. La propuesta de remoción no habría alcanzado la mayoría necesaria y, una vez agotados los temas previstos, Bañagasta sostiene que dispuso el levantamiento de la sesión. Sin embargo, de acuerdo con su denuncia, un grupo de concejales permaneció en el recinto y continuó con una especie de “sesión paralela”, en la que Gomila habría asumido la presidencia de manera circunstancial y se habría tomado juramento a Selvioglu como nueva secretaria administrativa.
La presidenta del Concejo considera que esas actuaciones fueron realizadas sin sustento legal y que implicaron un avance sobre facultades que no correspondían a quienes continuaron en el recinto. Por eso denunció presunta usurpación de autoridad, abuso de autoridad y perturbación del orden en sesiones legislativas. También pidió a la Justicia una medida cautelar para impedir que se modifique el manejo de las oficinas, documentación y cuentas bancarias del cuerpo deliberativo mientras se investiga el conflicto.
El episodio expone, una vez más, las profundas diferencias que atraviesan al actual cuerpo deliverativo. Lo que debería ser el ámbito institucional donde se discuten los problemas de los vecinos terminó convertido en escenario de disputas por cargos, autoridades y control administrativo. Y esta vez, la pelea interna fue un paso más allá: terminó en una denuncia penal y con la Policía custodiando las oficinas y la documentación del Concejo.
Bañagasta sostiene que continúa ejerciendo la Presidencia y que ninguna mayoría circunstancial puede colocarse por encima de la Carta Orgánica y del Reglamento Interno. Ahora será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió, si las decisiones tomadas después del levantamiento de la sesión fueron válidas y si existieron responsabilidades penales.
La concejal Gomila aseguró que ella también realizó una denuncia.
Además cuestionó el artículo invocado por Bañagasta, señalando que pertenece a una Carta Orgánica anterior y que actualmente rige una nueva normativa.
